Escándalo de licores en Nariño. (1) Las andanzas de la Alcaldesa de Teusaquillo.

Ni la alcaldesa Claudia López ni el partido verde se han dado por enterados de las andanzas de la alcaldesa de Teusaquillo, Esmeralda Hernández, a instancias del escándalo de la venta de licores de Nariño que tiene enredado a su cuñado el ex gobernador Camilo Romero Galeano y las acusaciones que le hace la ex secretaria de Rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento, Adriana Milena Amaya.

La fiscalía general de la nación no ha informado los resultados del experticio judicial que culminó con el allanamiento del apartamento de la “asesora” del ex gobernador, hoy alcaldesa menor Esmeralda Hernández cuando vivía en Pasto con Pablo Romero Vega, hermano de Camilo.

Los investigadores, en el apartamento de Esmeralda Hernández habían incautado varios computadores, memorias USB y documentos que darían un poco de claridad al caso en que el gobierno de Camilo Romero, habría beneficiado a Richard Giovanny Portilla Diaz con el contrato de venta de aguardiente Nariño, uno de sus aportantes de dinero y bienes a su campaña política. Y eso que, Romero Galeano se presenta así mismo como “un símbolo de renovación de la política nacional”, según se lee en la hoja de registro de funcionarios de la gobernación de Nariño.

Además de estar imputada e involucrada en el escándalo de los licores en Nariño Adriana Milena Amaya, en un gesto de confianza con el ex gobernador Romero, había puesto a su disposición su pequeña empresa ‘Comunicación sin Esquemas’, para legalizar gastos de campaña y que a la postre no resultó tan pequeña, dada la inusitada deuda de 35 millones de pesos que le apareció en su cuenta de impuestos ante la DIAN.

Según la exfuncionaria de la gobernación de Nariño, a través de esa empresa se pretendía legalizar gastos de campaña en donde aparecería como aportante el nombre del beneficiario del contrato de venta de 80 mil cajas de aguardiente, Richard Giovanny Portilla. “Por esta razón abordé en varias oportunidades a Esmeralda Hernández (actual alcaldesa de Teusaquillo) y a Ricardo Romero, para que me mostraran que efectivamente se había prestado el servicio, cuáles eran los pagos hechos con esos recursos y para que me respondieran por esa deuda ante la DIAN. Ricardo Romero, (papá de Camilo) me dice que claramente esa plata la tienen que pagar, que entiende mi ofuscación y que van a mirar cómo la consiguen, para que yo la pague, pero que le preocupa que la haga (la denuncia) en este momento en el que está abierta la investigación”, contra su hijo el ex gobernador, sostiene Adriana Amaya, ex funcionaria de la gobernación de Nariño. La exsecretaria de rentas de la secretaría de hacienda de Nariño, Amaya Buitrago y el primo y asesor del ex gobernador Andrés Felipe Arango Romero son ahora mismo testigos de cargo en el proceso contra Camilo Romero, dado que se acogieron al principio de oportunidad aceptando culpas y evitando por esa vía una medida de aseguramiento con detención.

La ex funcionaria, como es usual, ha prendido el ventilador y entre otras personas hace éstas menciones de Esmeralda Hernández la actual alcaldesa de Teusaquillo. Además, Esmeralda Hernández es acusada por Adriana Milena Amaya de ser parte de un delito de falsificación de firmas y uso indebido de una empresa de su propiedad llamada ‘Comunicación sin Esquemas’ para “legalizar” cuentas no informadas al Consejo Nacional Electoral por parte de la campaña Camilo Romero a la gobernación. “A raíz de esto, me di a la tarea de revisar esas cuentas públicas de la campaña del Gobernador y evidencié que, para la consulta interna del Partido Verde, para sacar candidato a la Presidencia también se había usado mi empresa para facturar un servicio e igualmente se había falsificado el contenido y mi firma. Esto lo corroboró Ingrid Ricaurte, quien me dijo que esa factura la habían hecho la señora Esmeralda Hernández y Camilo Romero”, dice Adriana Milena Amaya. De paso hay que anotar que Ingrid Ricaurte es hoy la compañera de Ricardo Romero Sánchez, papá de Camilo. Esmeralda Hernández para la época de los hechos era contratista de la Federación Nacional de Departamentos contrato que se venció el 31 de enero de 2017.

Los dos, padre e hijo, se reclaman como voceros de la transparencia y la innovación dentro de movimientos y partidos de los llamados ‘alternativos’ y progresistas, que no son ni lo uno ni lo otro, según se puede ver en éste y otros casos que iremos comentando.

Aquí caben las investigaciones que han dado con las capturas y condenas de “alternativos” como Samuel e Iván Moreno Rojas, del Polo Democrático; qué pasó con el dinero del departamento de Nariño que los exgobernadores Antonio Navarro y Eduardo Zúñiga en Probolsa (una especie de pirámide); el carrusel de contratación y el escándalo de la licitación del relleno doña Juana en Bogotá; las acusaciones, cargos y condenas fiscales contra el ex alcalde Gustavo Petro; las divisiones y el silencio al interior del partido verde, frente a investigaciones de sus afiliados; y una serie de casos ocurridos en el departamento de Nariño, como el que le costó la cárcel a Jimmy Pedreros amigo y sucesor de Antonio Navarro y la penosa historia política de la desteñida convergencia cívica multipartidista en la frontera.

En Pasto y otras ciudades no pasan de sorprenderse de las noticias que cada día muestran cómo familiares y allegados al ex gobernador Camilo Romero Galeano se ven mencionados en éste escándalo y otros que están por conocerse. Por ejemplo, a Natalia Romero Vega, hermana de Pablo hija de Ricardo, por el mismo motivo también le allanaron su apartamento en Pasto; y ahora mismo se supo que a Lilia Vega, tía de Pablo y Natalia, la fiscalía acaba de imputarle cargos, dado que tendría responsabilidad en el caso de los licores, en su calidad de gerente de la empresa editorial de Nariño. Mario Benavides, ex secretario de hacienda de la administración Romero Galeano, quien había firmado documentos como gobernador encargado, y Lilia Vega, han sido imputados por la Fiscalía general de la nación en medio de éste escándalo de los licores.

Hay declaraciones que hacen parte de esos dos principios de oportunidad que fueron verificadas por la Fiscalía y que tienen el peso para ser presentadas como pruebas en el juicio que ya se adelanta al ex gobernador.

Insisto, en que ni Navarro Wolf ni Claudia López del partido verde han dicho ésta boca es mía frente a las investigaciones contra Camilo Romero. Y la alcaldesa López está en mora de dar a conocer su opinión sobre lo que viene pasando con Esmeralda Hernández, su alcaldesa menor de Teusaquillo. Obviamente que prima el derecho al debido proceso y el principio de inocencia pero no obstante hay declaraciones que obligan a pensar que es urgente pronunciarse sobre estas cosas ante electores y la comunidad en general.

Frente a los descubrimientos hechos por Adriana Milena Amaya contra Esmeralda Hernández, sobre falsificación de firma y uso de su empresa en hechos que son motivo de investigación ante el CNE, termina diciendo como afectada: “Después me abordó Esmeralda Hernández para hablar de este tema y me dijo que estuviera tranquila, que esos servicios sí se habían prestado, que yo le dijera cómo hacían para tapar eso, que yo propusiera cómo lo ocultábamos. Entonces le expresé mi molestia ante su insinuación de cometer otro ilícito. Esos soportes no están contabilizados”. Hasta donde se ha podido establecer Esmeralda Hernández nunca estuvo vinculada a la administración departamental de Nariño. No era, ni fue funcionaria. Tenía en sus manos muchas gestiones que hacer por orden de su cuñado el ex gobernador Romero Galeano en el proceso de priorización de proyectos de regalías con los municipios con los cuales previamente se supone habían hecho acuerdos políticos.

Ella era contratista de Usaid y de la Federación de Departamentos. Su esposo, Pablo, hermano de Camilo tampoco fue funcionario pero era parte del duo de parientes asesores del despacho junto a Andrés Felipe Arango Romero, el imputado. De otra parte, mientras Navarro calla, el ex gobernador de Nariño Parmenio Cuellar dice que Romero no se puede considerar que sea ‘alternativo’ porque él gobernó pegado a la clientela y a la vieja clase política, y el ex parlamentario Javier Tato Álvarez sostiene que los Romeros, Camilo y Ricardo son “un par de bandidos”, en cuanto tiene que ver con deudas contraídas en anteriores campañas electorales.

En próximos artículos abordaremos el tema de la imputación a Camilo Romero; el porqué se modificó el régimen tributario en la administración de Navarro Wolf; qué hizo Parmenio Cuellar con la Licorera de Nariño; quiénes integran la casa Romero incluido el actual senador Aulo Polo; cómo se han portado los últimos cinco gobernadores de Nariño que también dijeron ser ‘alternativos y progresistas’; cómo se constituyó una empresa de licores para ofertar ante la gobernación pocas semanas después del triunfo de Camilo Romero; y cómo y quien modificó el decreto 364. Para aquella época de la contratación de la venta y distribución de licores Andrés Felipe Arango Romero, dejó sus actividades en Bogotá, viajó a Pasto y de inmediato Camilo su primo, ya como gobernador, lo nombra como asesor de la gobernación y a su esposa Angélica Cruz Dajer como secretaria privada del despacho.

Felipe Arango Romero se acogió al principio de oportunidad y está contando en la fiscalía los pormenores del escándalo después de verse involucrado en la investigación y, al constatar que no sería él, el candidato al senado de la república en las elecciones pasadas de la mano de Camilo. Toda la maquinaria “camilista” se puso al servicio de la candidatura al senado de José Aulo Polo, cercano a las entrañas de su padre Ricardo Romero Sánchez.

Hay otras denuncias sobre el manejo del programa de alimentos PAE, el contrato de la gobernación con una iglesia conocida como Ríos de Agua Viva en Ipiales y cómo apareció en la esfera de la contratación la empresa de telecomunicaciones Unimos; y qué son las plataformas Aesinnova verde, Felling método y otras a cargo de Javier Arteaga Romero, otro primo del ex gobernador. He buscado por varios caminos la opinión de Esmeralda Hernández sin éxito alguno. La federación nacional de departamentos dice que no puede hacer públicos los contratos y fechas de contratación con Ella, porque según la FND no maneja fondos públicos y se rige por el derecho privado.