Escándalo de licores en Nariño. (2) La historia sinuosa del decreto 364
Una funcionaria de la gobernación de Nariño al posesionarse como secretaria de rentas de la secretaria de hacienda toma en sus manos la responsabilidad de elaborar el decreto correspondiente al sistema de venta y comercialización de aguardiente del departamento, mientras fue gobernador Camilo Romero Galeano.
Siguiendo los parámetros establecidos en el estatuto de rentas del departamento y basada en un estudio económico de las diferentes variables del negocio de licores, la secretaria de rentas Adriana Milena Amaya elabora el texto y lo presenta previamente en una ‘reunión oficial’ ante el Secretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides y ante Felipe Arango Romero – sin poderse establecer la razón juridica o laboral de su presencia – más allá de saber que se trataba nada menos que del primo del exgobernador Camilo Romero Galeano como su asesor de cabecera.
Mientras por un lado se acusa a Adriana Milena Amaya Buitrago de modificar el día 24 de agosto de 2016 el decreto en el que se consignaba el precio y la anotación de que el negocio se regía por las normas de contratación pública, los investigadores de la fiscalía han establecido que el decreto fue enviado a la asesora del despacho del ex gobernador, Angélica Cruz Dáger. Ella, que a la postre es la esposa de Felipe Arango Romero (el primo) y nombrada secretaria privada de Camilo, habría suprimido sin saber hasta ahora por orden de quién, la anotación de que el contrato se regía por las normas de contratación pública y habría modificado de paso, el precio de la botella de aguardiente para favocer ‘al nuevo contratista’.
Pasan las horas hasta que el 24 de agosto de 2016 se expide el decreto de marras 364, en el que se fijaban el precio y la escala de ventas (80.000 cajas), firmado por el titular de la secretaria de hacienda Mario Fernando Benavides como gobernador encargado. Camilo Romero Galeano su jefe se habia desplazado a la capital del país. Ese día a las 11:36 de la mañana el decreto se había remitido por correo electrónico a Idenar, la imprenta departamental, que terminó de imprimirlo diez minutos más tarde. La gerente de Idenar, nombrada por el ex gobernador Romero, es Lilia Vega, la ex cuñada de su padre Ricardo Romero y tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo.
Se imprimieron 10 ejemplares, de los que se entregaron nueve a Angélica Cruz Dajer y otro se dejó para exhibirlo a la entrada de la Gobernación. “El decreto se subió a la página web de la Gobernación el 25 de agosto después de las 2:00 p. m. De esta manera se impidió que todos los interesados lo conocieran oportunamente y pudieran presentar ofertas” (comillas del original). Por unas jugadas políticas del ex gobernador Parmenio Cuellar (otro que fungía de “alternativo”) se acabó hace dos décadas con la Licorera de Nariño y con el monopolio de los licores de que gozan los departamentos de todo el país. Se dió la producción de aguardiente por el sistema de maquila a otra factoría del centro del país. Cientos de trabajadores en la calle, y agraciados empresarios tras el contrato de distribución y comercialización.
Es así también, cómo en el año 2010 siendo gobernador Antonio Navarro Wolf (otro “alternativo”, verde y progresista) se modifica el régimen tributario mediante ordenanza 028 aprobada por la asamblea departamental. Ya se sabrá más tarde quienes fueron beneficiarios de esa medida.
Hasta aquí en este cuento de nunca acabar del que inicialmente el exgobernador Camilo Romero dijo que no pasaba nada, que todo era el resultado de un ‘proceso de persecución política’ del ex fiscal, el fatídico Nestor Humberto Martínez, van apareciendo personajes y nombres clave donde unos corresponden a la nómina de personal de la gobernación (Mario Fernando Benavides, Adriana Milena Amaya y Angélica Cruz Dajer).
Igualmente aparecen otros que hacen parte del entramado familiar de Camilo Romero Galeano en este escándalo (Andrés Felipe Arango, su primo y esposo de la asesora Angelica Cruz Dajer, lo mismo que Lilia Vega la tía de los hermanos de Camilo, Natalia y Pablo Romero Vega)) y aunque no se ven involucrados en esto, menciono a los ex gobernadores mal llamados alternativos Parmenio Cuellar y Antonio Navarro Wolf por su papel en torno a los procesos de venta de aguardiente de Nariño y la maquila.
Sin duda, esa era la jugadita. Permite con eso que la empresa Organización de Licores de Nariño SAS, cuyo representante legal era Fabio Andrés Urbano y creada sólo ocho meses antes, fuera la única oferente, según lo que se había acordado previamente, y por obvias razones ‘impidiendo la participación de otras empresas o personas’. “Las anteriores maniobras permitieron que OLN SAS, la que conocía de las condiciones del negocio previamente, hiciera oferta antes de la expedición y publicación del decreto (364) y consignara las sumas de $1.087’800.000 a favor de la Gobernación, a las 11:58 de la mañana y $1.000’097.800 a las 12:25 p. m., de manera que el primer pago se hizo antes de la publicación del decreto”, el subrayado es mío.
A propósito de esto, no he podido confirmar que en medio de esas carreras locas por hacerse al contrato de venta de licores, qué tan legal u ortodoxo es que se haya hecho esas consignaciones de dinero en efectivo en las cuentas bancarias de la gobernación y no en cheque de gerencia, como antaño. Si sólo resultaba sospechoso hasta hace poco tiempo que un particular deposite por ventanilla diez o veinte millones de pesos, qué se podría colegir de una consignación de miles de millones de pesos en efectivo, pregunto.
Además podemos detenernos un poco para decir que Richard Giovanny Portilla quien termina por quedarse con ese contrato, era un miembro de la Asociación de Licoristas del Sur, Licosur, grupo de empresarios que venía con gobernadores ‘alternativos’ anteriores, haciendo sin mayores inconvenientes la venta y comercializaación de aguardiante Nariño, tras haberse acabado de tajo hace dos décadas con la centenaria y desacreditada licorera del departamento (botin de politiqueros y saqueadores miembros de los partidos tradicionales).
Portilla arma tolda aparte y crea, ocho meses antes del decreto 364, la OLN, organización de licores de Nariño con Pedro Norvey Bastidas. Hace la oferta al tenor de esa jugadita y se queda con el contrato. Portilla presta una casa de la zona rosa de Pasto al candidato a la gobernación Camilo Romero Galeano y aparecería luego como uno de los aportantes mayoritarios en dinero a esa campaña.
Según los investigadores ese mismo día 24 que parece no acabar, la OLN en cabeza de Richard Portilla textualmente “presentó oferta de compra por las 80.000 cajas de aguardiente Nariño ofrecidas, una solicitud de crédito y los recibos de las dos consignaciones y un cheque a la fecha y los demás documentos necesarios para la compra a crédito exigidos por Estatuto de Rentas del Departamento de Nariño”. Prácticamente se saca a sombrerazos a Licosur, cuando ya se había cerrado el negocio con la empresa de Portilla, OLN, no obstante que la secretaria de rentas, Adriana Milena Amaya, dice haber convocado a tiempo el comité de crédito que había verificado el cumplimiento de requisitos.
Se lee que: “Al momento en que LICOSUR entrega su solicitud ya se había cerrado el negocio con OLN SAS, de manera que no pudo participar en el proceso”. Se va conformando de esta manera la formulación de cargos y todo parece indicar que se habría incurrido por parte del ex gobernador Camilo Romero Galeano y su equipo de asesores y funcionarios en delitos como la falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública e interés indebido de la celebración de contratos.
En general quienes resulten culpables incurrirán en prisión de cuatro a cinco años promedio hasta 144 meses. El sólo interés indebido en la celebración de contratos tiene penas entre los 64 y 216 meses tras la rejas, claro en que caso de que la justicia opere en este país.
Por estas razones hasta el momento el asesor y primo de Camilo Romero, Andrés Felipe Arango Romero y la secretaria de rentas de la secretaría de hacienda, Adriana Milena Amaya, se han acogido ante la fiscalía al principio de oportunidad, del cual iremos comentando en detalle.
Han sido imputados igualmente el mismísimo gobernador encargado Mario Fernando Benavides y la ex gerente de la imprenta Lilia Vega. Espere: La imputacion contra Camilo Romero.
