La siniestra “bota militar”
Por Hector Diaz Revelo
La vieja consigna contra el gobierno colombiano de “hambre, miseria y represión” sumada al gran grito popular y estudiantil de “abajo la bota militar” ha sido y sigue siendo el rechazo y condena a las arbitrariedades y abusos de la fuerza pública en contra de civiles desarmados.
Debido a permanentes y ruidosas protestas y manifestaciones de la gente en la calle, los dueños del poder y las elites gobernantes optaron por maquillar el descontento popular con el nombramiento de civiles como ministros de defensa.
Irónicamente bajo ministros de defensa civiles (no militares o exmilitares) la realidad de estas acciones contra miembros de organizaciones sociales y políticas ha mostrado en toda su crueldad y sevicia, la siniestra estrategia de su eliminación física a manos de agentes del Estado.
Miembros de la fuerza pública en connivencia con hordas paramilitares y parapoliciales son responsables del genocidio de la Unión Patriótica; de los asesinatos de jóvenes civiles desarmados conocidos como los 6402 falsos positivos; los engañados de Soacha que aparecieron como falsos guerrilleros en departamentos como Santander y Arauca; y la “limpieza social” en barrios populares como las comunas de Medellín y Cali, repito son la siniestra estrategia montada desde la casa de Nariño.
Entonces, la decisión demagógica de Gustavo Petro de nombrar a quien era un militar hasta la noche anterior a posesionarse como ministro de defensa, lejos de asustar a la insurgencia y a otros grupos armados, lo que ha hecho es poner al descubierto la frívola determinación de llevar efectivos de la fuerza pública a territorios olvidados que han sido escenario de confrontaciones bélicas.
Esa decisión mediática del presidente Petro no oculta la presencia en territorio colombiano de contratistas estadounidenses ni las bases militares gringas lo que deja al descubierto que esa tradición militarista desde la época de la violencia, en un mal llamado gobierno progresista no ha cambiado. Nada de soluciones integrales para el campo y su gente, para comunidades negras, indígenas y campesinas.
Si se tratara de consolidar la democracia y de reorientar los recursos para educación, salud y bienestar social, en lugar de mantener una costosa estructura militar y potencialmente peligrosa para la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos Petro tendría un poco de razón.
El gobierno parece olvidar adrede que la fuerza pública tiene su origen en el sistema coercitivo, subordinada al poder civil (y no al contrario) y su teórico enfoque en la defensa de la soberanía y no en la represión interna, con un ejército convirtiéndose, como se ha convertido, en un ejército de ocupación.
Claro que hay que adaptar la estrategia a las realidades específicas de cada país con el supuesto de construir sociedades más justas, equitativas y democráticas.
El caso de Costa Rica es emblemático: Recordemos que, en ese país centroamericano tras la guerra civil del 48 del siglo pasado, no fue la izquierda quien decidió abolir el ejército. Simplemente fue un gobierno “reformista” que ha puesto su caso como un ejemplo en la región.
“Es una vuelta de tuerca acerca del papel de las Fuerzas Armadas”, afirman los defensores de la decisión del gobierno. Y lo irónico no sería que digan esto, sino que el mismo Petro haya preferido regresar a la “bota militar”. Creo que Petro sigue prefiriendo hoy, como con su voto por Alejandro Ordoñez, a sus seguros verdugos.
